El PP acusa al Gobierno de cometer «fraude de ley» por sus falsos autónomos destapados por OKDIARIO

La contratación de al menos dos falsos autónomos por parte del Gobierno, destapada en exclusiva por OKDIARIO, ha generado la reacción inmediata tanto en círculos políticos como profesionales. El PP considera que es un caso flagrante de «fraude de ley» y la Federación de asociaciones de autónomos ATA ha calificado «de chocante» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté incurriendo en prácticas por las que el Ministerio de Trabajo está sancionando a empresas privadas.

Como desveló este periódico este jueves, el Ministerio de Justicia ha incorporado a su plantilla del gabinete de comunicación y protocolo a dos jóvenes sin hacerles contrato laboral y sin darles de alta en la Seguridad Social. Pese a que están integrados en la estructura de esa unidad de la cúpula gubernamental, bajo su dirección y su cometido, el departamento que dirige la socialista Pilar Llop ha encubierto la incorporación de esos dos jóvenes como autónomos, con contratos menores de carácter mercantil, no laboral.

Esta es una de las prácticas más perseguidas por la Inspección de Trabajo, porque constituye un fraude, una ilegalidad que perjudica tanto al empleado como a la Seguridad Social: hurta al trabajador de parte de sus derechos –acostumbra a pagarles menos de lo que tendrían que cobrar si fueran personal de plantilla y no cotizan por desempleo– y esquiva las cuotas por el Régimen General de la Seguridad Social en la que tienen que estar encuadrados los asalariados y que van por cuenta del empleador.

Los hechos en los que ha incurrido el Gobierno con estos falsos autónomos supone, entre otras cosas, un menoscabo a la caja de las pensiones, ya que son los contratados mercantiles los que, como supuestos profesionales externos, deben cotizar en calidad de autónomos, con cuotas que acostumbran a ser mucho más bajas que las del Régimen General.

Menos retribución y menos cotizaciones

Ambas circunstancias, el menoscabo salarial y el de cotizaciones, se da en este caso destapado por OKDIARIO. Ambos jóvenes han sido adjudicatarios, a dedo, de un contrato menor que, según la ley, no puede alcanzar los 15.000 euros. Trabajarán para el gabinete de comunicación y protocolo del Ministerio de Justicia durante seis meses. Justicia lo ha vestido como contratos mercantiles de «asistencia técnica» para reforzar esas funciones durante el semestre de presidencia de turno de la UE que ejerce Pedro Sánchez.

El importe que cobran como falsos autónomos del Gobierno es muy inferior al que percibirían si, como debería ocurrir, hubieran sido contratados como empleados públicos temporales o como personal eventual –asesores–.

Además, al haberse encubierto esos puestos de trabajo bajo la fórmula de los contratos mercantiles menores, se han seleccionado a dedo, lo que infringe también la legislación que regula el acceso al empleo público.

Mario Garcés (PP): «Es un fraude de ley»

El ex diputado del PP , Mario Garcés, considera que estamos ante un caso evidente de «fraude de ley» que debería ser castigado. Si la Inspección de Trabajo interviniera como hace en este tipo de supuestos en empresas privadas, el Ministerio sería multado y esos dos jóvenes serían dados de alta como trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, además de ser reconocidos como empleados con contrato indefinido.

Mario Garcés, al margen de su carrera política, es funcionario de carrera del cuerpo de interventores y del de auditores del Estado, así como inspector de Hacienda. «La utilización del recurso jurídico del contrato menor previsto en la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Ministerio de Justicia es un fraude de ley, toda vez que debería haberse empleado el sistema de selección ordinario de personal laboral», ha explicado Mario Garcés a OKDIARIO.

«Por medio de la fórmula empleada –indica este diputado del PP–, se rebajan las condiciones de acceso y se permite la máxima discrecionalidad, impidiendo que en la selección primen los principios de concurrencia y profesionalidad». Garcés ha calificado esta irregularidad como «un ejemplo más del uso inadecuado de los recursos del Ministerio y una forma inequívoca de minusvalorar a los empleados públicos».

Lorenzo Amor: «Es chocante»

El caso ha sido criticado también por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos ATA, Lorenzo Amor. Censura que el Gobierno esté haciendo justo lo que ordena perseguir por ilegal.

«Al sector público se le debe exigir las mismas condiciones que al sector privado, y no tiene sentido que se hayan realizado estos contratos mercantiles cuando estamos viendo cómo la Inspección de Trabajo, por ejemplo, considera que son falsos autónomos aquellos que participan en tertulias de televisiones», situaciones por las que ha impuesto sanciones y obligado a dar de alta a esos profesionales como trabajadores de plantilla. Lorenzo Amor ha destacado que «es muy llamativo que en un ministerio veamos que una relación laboral se encubra en una relación mercantil».